¿Fatiga fiscal?

Se acerca el segundo semestre del año y las comisiones económicas del Congreso de la República se preparan para la discusión del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2026. Este año el debate sobre las finanzas públicas viene acompañado por alertas de instancias nacionales como Fedesarrollo y el mismo Comité Autónomo de la Regla fiscal, así como de calificadoras de riesgo sobre la verdadera dimensión del déficit fiscal y la acumulación de la deuda pública.

Recordemos que la discusión del presupuesto general para la actual vigencia fue polémica porque estaba acompañada de una ley de financiamiento para recaudar $12 billones adicionales que permitieran equilibrar el presupuesto y que no fue aprobada. Desde entonces los cálculos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) hablan de un faltante de $46 billones y de incumplimientos de las metas del déficit fiscal llegando al 6,7% del PIB, “debido a menores ingresos tributarios y a un mayor gasto primario respecto a lo programado”, dice el informe que presenta el CARF ante el congreso en abril de 2025. La deuda, por su parte alcanzó el 59,3% del PIB, acercándose al limite de deuda del 71% del PIB que establece la regla fiscal. Otra preocupación que se señala es la falta de liquidez del gobierno para ejecutar el presupuesto en la vigencia actual.

De no tomar las medidas pertinentes para volver a sendas de política fiscal sostenibles se corre el riesgo de caer en la llamada “Fatiga fiscal”, situación en la cual ante “incrementos sucesivos de la deuda y del pago de los intereses, los esfuerzos de gobierno para mantener sendas positivas y crecientes del balance primario, se deterioran, de manera que sobreviene un estado de fatiga que conduce a un nivel crítico de endeudamiento” (Lozano-Espitia, et al 2019). Tal vez la señal más clara de que el país se acerca a este estado de fatiga es el hecho de que el 29,8% del recaudo tributario a febrero de 2025 se destinó al pago de intereses de la deuda.

Con la baja capacidad del Gobierno Nacional de generar ingresos propios adicionales  y la percepción de incertidumbre y riesgo de los mercados internacionales sobre la política fiscal colombiana, es probable que pagar la deuda cueste más y la proporción del recaudo tributario para pagar intereses siga creciendo, quitándole espacio al poco gasto de inversión programado y a atender las obligaciones que permiten el funcionamiento del Estado.

Revertir esta situación requiere de mucha voluntad política y compromiso con el pueblo colombiano de parte del Congreso de la República. No podemos caer en el discurso mezquino de quienes pregonan que el estado actual de las cosas se debe a un aumento excesivo del gasto público, cuando la realidad es que son niveles de gasto apenas comparables con los de países de la OCDE. Ese mismo discurso mezquino de los sectores de la oposición y centro que se encargaron de ahogar fiscalmente al Estado Colombiano negándose a discutir el Presupuesto General de la Nación de la actual vigencia y negando la posibilidad de recaudar ingresos adicionales hundiendo la ley de financiamiento que, entre otras cosas, estaba guiada bajo la premisa de la progresividad y no gravaba a la gente del común. Discurso que los hace directos responsables de la desfinanciación del presupuesto nacional y su impacto en los regionalizados. Por su parte, también es importante la voluntad del Gobierno de sincerar las cuentas, ya ha dado su primer paso anunciando recortes al gasto en recientes entrevistas en medios de comunicación, esto es importante porque sobre una base clara acerca del estado del recaudo, el nivel de caja y la composición de la deuda se podrá sentar a discutir las propuestas que permitan el financiamiento del Plan Nacional de Desarrollo, y demos un debate del Presupuesto General de la Nación 2026 con la altura suficiente que merece el pueblo Colombiano.